Julio Zamora vetó la ordenanza que eliminaba al IOMA como obra social obligatoria para los municipales

El intendente de Tigre, Julio Zamora (Frente de Todos), retiró al distrito de la lista de municipios que dieron de baja al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) como obra social obligatoria para los empleados. El jefe comunal vetó la ordenanza que establecía que los municipales podrían optar entre distintas prestadoras, con la que Tigre se convertía en el primer municipio oficialista en correr al IOMA como única opción y se sumaba a distritos gobernados por Juntos que ya lo habían definido. La norma había sido impulsada por la oposición en el Concejo Deliberante local la semana pasada, en una reñida votación que terminó con el desempate del presidente del cuerpo legislativo, Segundo Cernadas (Juntos), quien criticó la vuelta atrás definida por Zamora.

“En primer lugar, esa ordenanza no tiene la discusión necesaria con el mundo del trabajo municipal, tanto trabajadores como organizaciones gremiales. En segundo lugar, la votación salió 12 a 12 y desempató Cernadas, una decisión de esa envergadura tiene que tener consenso amplio. En lo formal, desde IOMA nos explican que no se puede salir parcialmente [de la prestadora], es en bloque. Si sale uno, salen todos [los empleados]. Eso provocaría un estado de indefensión para gente que tiene problemas de salud graves”, argumentó Zamora, en diálogo con el diario LA NACION. En el decreto con el que vetó la ordenanza, Zamora señaló que el Tribunal de Cuentas bonaerense, en un fallo de 2019, opinó que la legislación vigente “determina claramente la imposibilidad de ofrecer la opción de desadherir al IOMA”.

Otra razón que se tomó en cuenta para vetar la ordenanza es económica. “El aporte de cada empleado al IOMA está alrededor de los 11.000 pesos, y IOMA paga 13.000 por cada uno. Ese déficit de 2000 pesos lo paga la Provincia. Con ese aporte, no hay obra social que nos de un servicio asequible para los municipales”, sostuvo. No obstante, admitió que recibe algunas quejas por servicios de la obra social estatal, gestionada por Homero Giles, militante de La Cámpora.

En el decreto con el que canceló la norma, Zamora puntualizó que “el municipio debería hacerse cargo de la nueva obra social y/o de ofrecerles a sus empleados la libertad de elección” de prestadores, “lo que requiere de una gran planificación económica-financiera”, para la “que no están dadas las condiciones financieras del municipio”. La ordenanza “es de cumplimiento imposible”, se indicó en el decreto.